-Durante la asamblea urgente se determinó que la afectación es a unos 70 mil trabajadores, por lo que buscarán casi 3 mil 500 millones de pesos

-Si para 2024 no se resuelve, serán muchas más universidades que entren en crisis

Xalapa, Ver., 15 de octubre de 2020.- La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) acordó llevar a cabo un paro nacional de labores de no ser escuchados y tomados en cuenta por el gobierno de la República, los legisladores federales, así como por los gobernadores para solucionar la problemática financiera que enfrentan 11 universidades públicas del país que, incluso, desde la siguiente quincena ya no podrán devengar sus prestaciones económicas ni mucho menos las de fin de año.

En asamblea urgente, a la que acudieron 65 secretarios generales y representantes sindicales de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas; se puntualizó la situación financiera de todas y cada una de las instituciones públicas de educación superior, así como las acciones que se llevarán a cabo para la defensa del presupuesto del año que entra.

Se estimó que por la grave crisis son alrededor de 70 mil los académicos y trabajadores administrativos que se verán afectados y que, por lo tanto, se requieren de 3 mil 384 millones de pesos para concluir este año.

El secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, expresó que esos son los recursos que deberán “perseguir, buscar, demandar y exigir» ante los tres niveles de gobierno para que se otorguen los recursos a las casas de estudios y se pueda concluir el año.

“Esta situación que escucharon todos es sumamente preocupante y alarmante. Es impresionante que algunos trabajadores en noviembre ya no cobren, estamos hablando de 70 mil familias. Si esto no amerita que hagamos alguna acción fuerte, saben qué, no tenemos nada que hacer en el sindicalismo universitario”, externó.

Señaló que tanto el Presidente, el secretario de Educación, los legisladores federales, los funcionarios federales, los gobernadores, todos cobran hasta el último día del año y hasta los rectores se hacen un “guardadito” para recibir sus percepciones.

“Pero los trabajadores que están en la trinchera, atendiendo a los alumnos en línea, que es mucho más complicado que en clases presenciales, los trabajadores administrativos que muchos de ellos se arriesgan, hacen su trabajo en actividades esenciales, ahí están ¿y que no cobren?”, cuestionó.

Por todo este panorama, los integrantes de la CONTU acordaron publicar a nivel nacional un manifiesto para dar a conocer la situación que prevalece en las universidades, hacer conferencias de prensa en las entidades para exponer la gravedad del asunto de cada una de las universidades, enviar un oficio al Presidente, hacer presencia en la mañanera en Palacio Nacional y agotar el diálogo con todos los involucrados y si después de todo esto no son tomados en cuenta, entonces se llevará a cabo el paro nacional.

“Si esto del presupuesto no se resuelve para el 2024 serán muchas más universidades que entren en crisis y evidentemente van a ser muchos más trabajadores que no reciban su salario y no recibir su salario es una violación flagrante a nuestro Contrato Colectivo, a nuestros derechos laborales, a los derechos humanos de los trabajadores universitarios. No estamos haciendo un paro loco si llegamos a tomar esa medida, es responsabilidad del gobierno y de las autoridades que tengamos que llegar a esa acción, porque son ellos los que no nos pagan los salarios”, enfatizó.

Las universidades que enfrentan crisis son: Nayarit que tiene 5 mil trabajadores y mil 900 jubilados que sólo cobrarán hasta esta quincena y que, por lo tanto, requieren 250 millones de pesos que les debe el Estado más 280 millones de pesos para pagar prestaciones de todo el año.

Los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cobraron este 15 su última quincena y requieren de 650 millones de pesos para que 5 mil trabajadores puedan percibir sus prestaciones de fin de año.

La Universidad de Sinaloa tiene problemas para pagar a unos 12 mil trabajadores, toda vez que el rector les informó que enfrenta dificultades para solventar las quincenas de noviembre y diciembre, además del aguinaldo y están en espera de un recurso estatal de 204 millones de pesos.

En Oaxaca, los trabajadores universitarios suman alrededor de 10 mil que enfrentan un déficit de 350 millones de pesos y a partir del mes de diciembre no podrían cobrar sus quincenas ni prestaciones de fin de año.

En la Universidad de Chihuahua son 17 mil los trabajadores, entre académicos y administrativos, así como jubilados, los que enfrentarán dificultades, por lo que requieren de 600 millones de pesos.

En Morelos, son alrededor de 6 mil trabajadores a los que se les pagaría hasta la segunda quincena de octubre, es decir, requieren 430 millones de pesos; en la Universidad de Tabasco, sólo les pagarían hasta la primera quincena de diciembre en afectación de 2 mil 500 académicos, por lo que requiere más de 400 millones de pesos.

Asimismo, están en riesgo alrededor de 13 mil trabajadores universitarios de la Universidad del Estado de México, pues arrastran un déficit de 120 millones de pesos; en Zacatecas están en riesgo 6 mil 500 trabajadores por la falta de pago de las quincenas de noviembre y diciembre, así como primas vacaciones, por lo que requieren de poco más de 500 millones de pesos.

En esa misma situación, la Universidad de Durango enfrenta un déficit de alrededor de 500 millones de pesos, por lo que les quedarán a deber las quincenas de noviembre y diciembre en afectación de 7 mil trabajadores.

En la Asamblea, la Confederación también acordó buscar el diálogo con diputados federales y senadores de la República, con la finalidad de solicitar que se reintegren diversos fondos extraordinarios que ayudaban a mantener las reservas técnicas y soportar el impacto del incremento de las pensiones.

Levet Gorozpe definió que las universidades están reclamando lo que les quitaron, lo que ya se les daba anteriormente a las casas de estudios como: el subsidio ordinario en los mismos términos adquisitivos de cada año; los mil millones de pesos para resolver las reformas estructurales de las pensiones.

“Son casi 18 mil millones de pesos que deberían integrar en los fondos extraordinarios y no dicho por mí, sino por las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública”, expuso.

Subrayó que los mil millones pesos por lo menos ayudaban a mantener las condiciones de los fondos de la reserva técnica para soportar el impacto del incremento de las pensiones.

“Es un trato discriminatorio a las universidades públicas toda vez que el apoyo que se le da a los grandes sistemas de pensiones como IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas, CFE, PEMEX, para poder resolver el problema deficitario, son miles de millones de pesos que el Gobierno destina para proporcionarles las pensiones a esas grandes instituciones”, enfatizó.

Sin embargo, a los sistemas pensionarios de algunas entidades y que soportan a algunas universidades como Guanajuato, Estado de México o Veracruz, no se les otorga nada desde la Federación, “nos tienen abandonados”.

Expuso que el presupuesto a las universidades no ha incrementado, simplemente están restituyendo el poder adquisitivo, pero está por debajo del impacto inflacionario del año anterior.